Tegucigalpa. Junio es un mes marcado por la memoria y la ausencia para varias familias hondureñas que, durante la década de los años ochenta, vieron cómo sus seres queridos fueron víctimas de la desaparición forzada en el contexto de la instalación de la Doctrina de Seguridad Nacional.
Rigoberto Sánchez, Víctor Manuel Ramos, José Eloy Torres Barahona, Eduardo, Reinaldo y Guadalupe Coleman, Tomás Nativí, Fidel Martínez, Adán Avilez, Amado Espinoza, Francisco Osorto y Sandra Lizeth Gallardo fueron padres, hijos, esposos, hermanos, tíos y sobrinos que sufrieron la represión del Estado de Honduras. Hoy, décadas después, sus familias continúan buscando respuestas y exigiendo conocer la verdad sobre lo que ocurrió con ellos.
Estos hombres y mujeres tienen en común no solo el haber sido desaparecidos durante la implementación de la Doctrina de Seguridad Nacional entre 1979 y 1992, sino también el haber sido víctimas de estos crímenes durante el mes de junio, en distintos años. Compartían además el sueño de construir una patria más justa y libre para las futuras generaciones.
Uno de estos casos es el de Víctor Manuel Ramos, desaparecido el 10 de junio de 1983 tras ser capturado en el Parque Central de Tegucigalpa por hombres armados que se identificaron como agentes de la Dirección Nacional de Investigaciones (DNI). Desde las celdas de la DNI logró comunicar que estaba siendo sometido a torturas y que durante los interrogatorios era acusado de ser guerrillero. Después de eso no se volvió a saber de él, pese a las denuncias públicas realizadas por sus familiares.
Un informe de inteligencia de las Fuerzas Armadas de Honduras, remitido por el teniente coronel de Infantería Ángel Ricardo Luque Portillo al general Walter López Reyes, señala que Víctor Manuel Ramos fue capturado por el Batallón de Inteligencia 3-16 y trasladado el 25 de septiembre de 1983 por el capitán Ciro Pablo Fernández. Desde entonces se desconoce su paradero.
Otro caso emblemático es el de Sandra Lizeth Gallardo, quien fue secuestrada el 20 de junio de 1986 en Tegucigalpa por los soldados estadounidenses Jin Boesh y West Morris. Hasta la fecha se desconoce qué ocurrió con ella.
Asimismo, Adán Avilez Fúnez, agricultor de 45 años, y José Amado Espinoza Paz fueron arrestados el 12 de junio de 1982 en Choluteca por agentes de la Dirección Nacional de Investigaciones y miembros de la Fuerza de Seguridad Pública. Tres días después, el 15 de junio, fueron encontrados dos cuerpos sin identificación a la orilla de la carretera, en el kilómetro 93, en las inmediaciones de Jícaro Galán, departamento de Valle. Ambos aparecieron descalzos y fueron enterrados en el mismo lugar.
La viuda de Adán Avilez escuchó por radio la noticia del hallazgo y reconoció la descripción de la ropa de uno de los cuerpos. Tras realizar las gestiones correspondientes logró recuperar los restos de su esposo, que posteriormente fueron trasladados al cementerio de El Triunfo, en Azacualpa, Choluteca, donde fue sepultado el 24 de junio de 1982.
Por su parte, José Amado Espinoza Paz, ciudadano nicaragüense, había llegado a Honduras junto a su familia en 1979 y se había establecido en Choluteca, donde trabajaba como mecánico. Fue acusado de tráfico de armas y de mantener vínculos con la guerrilla salvadoreña.
La detención de Tomás Nativí y Fidel Martínez ocurrió poco después de las 11 de la noche del 11 de junio de 1981, en la vivienda de Berta Oliva, ubicada en la colonia El Hogar de Tegucigalpa. Desde entonces se desconoce qué ocurrió con ambos.
También están los casos de los hermanos Eduardo, Reinaldo y Guadalupe Coleman, quienes fueron detenidos el 11 de junio de 1982 por agentes del Estado de Honduras. Al día siguiente fue desaparecido su sobrino, Guadalupe Carrillo Coleman. Los hechos ocurrieron en Puerto Lempira, departamento de Gracias a Dios.
Ellos representan solo una parte de las familias de las 184 personas desaparecidas registradas por el COFADEH durante aquella década. Sin embargo, se estima que el número real de víctimas pudo haber sido mucho mayor durante los años de implementación de la Doctrina de Seguridad Nacional en Honduras.
A pesar del paso del tiempo, las familias continúan exigiendo memoria, verdad y justicia, manteniendo viva la búsqueda de sus seres queridos y el reclamo para que estos crímenes no queden en la impunidad.
