Tegucigalpa, Honduras.– en el periodo de «Vacatio Legis» para que entre en vigencia el Código Penal, que será el próximo 10 de noviembre, la Articulación 611 (A-611), compuesta por diversas organizaciones de sociedad civil y derechos humanos, demandó que este tiempo se expanda y evitar la aplicación de la Ley en mención.
El enérgico llamado al Congreso Nacional se hizo público este miércoles 14 de agosto en una conferencia de prensa declarando que se suspenda el periodo de del nuevo Código Penal (seis meses) e inicie un proceso de consultas incluyente, diverso y vinculante con la sociedad civil y demás actores sociales y políticos de Honduras.
Y se espera que las consultas permitan consensuar un texto que cumpla con los estándares internacionales en materia de derechos y libertades, así como de efectividad en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado.
La importancia de que se extienda el periodo de tiempo para su aplicación como ley, es que se puede socializar con más personas y que su opinión sea tomada en cuenta, especialmente por el contenido lesivo a los derechos humanos, expresó Jessica Sánchez, directora del Grupo Sociedad Civil (GSC), integrante de la A-611.
Hay temas que deben ser más difundidos y conocidos como los referentes a los derechos de las mujeres y libertad de expresión, por lo que la Articulación 611 hará la lucha para que se amplíe más este tiempo, pese a que desde hace dos años desde este grupo de inició una labor de incidencia, no fue suficiente y en el Congreso Nacional se aprobó en mayo pasado.
La defensora de derechos de la mujer, María Elena Méndez, expuso a Defensores en Línea que se cambió la pena de violencia intrafamiliar por maltrato familiar dejando a lado todo tipo de maltrato que afecta a hijos e hijas y familia en general.
Además, los delitos sexuales baja la edad de consentimiento expreso de los niños y niñas que, menores de 14 años no pueden dar su aprobación ante un adulto con relaciones de poder sobre ellos como sucede en el incesto, que es un tema de tabú donde la violencia y delito sexual.
Aunque desde la Convergencia Contra el Continuismo, de la cual es parte Méndez, se exige la abrogación del Código Penal, afirmó que si se da la prolongación del Vacatio Legis, se amplía el tiempo de debate propicio diferentes espacios solicitados como la Cámara de Comercio, sociedad civil, Colegio de Periodistas, y seguirán exigiendo la abrogación, y si ésta no se da – que es por falta de voluntad política-, insistirán en los cambios de artículos señalados.
El Código Penal, modificado bajo un modelo español, contiene artículos que posibilitarán la persecución, represión y criminalización de la protesta social en Honduras, e incluir para ellos, penas desproporcionadas en comparación a otros delitos de mayor gravedad, como el tráfico de drogas o lavado de activos.
En el comunicado se expresa que «Aun en contra de las recomendaciones de organismos de derechos humanos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH), el Código Penal incluye el delito de asociación terrorista con una ambigua redacción, que puede ser usada como una potencial herramienta contra movimientos sociales y sus financiadores nacionales e internacionales».
La plataforma de organizaciones también externó su preocupación por el aumento de la pena de los delitos de coacciones y de instigación a la sedición, cuya aplicación afirmó «está muy vinculada a los conflictos campesinos y de defensa de los recursos naturales».
El Código mantiene la tipificación penal de los delitos de injurias y calumnias, incluyendo su modalidad agravada por el uso de redes sociales, lo que representa una «una clara amenaza a la libertad de expresión», comentó Edy Tábora del Comité por la Libre Expresión (C-Libre).
Este instrumento legal carece de penas ejemplarizantes para frenar los delitos relacionados con la lucha contra la corrupción, como el de malversación de fondos, fraude o lavado de activos.
Otra preocupación es por la drástica disminución de las penas por tráfico de drogas y lavado de activos, restándole así capacidad punitiva a los operadores de justicia que tan afanosamente persiguen estos delitos, así como por el establecimiento del principio de ‘Justicia universal» en el artículo 9, que de aplicarse, impediría la extradición a Estados Unidos de personas involucradas en narcotráfico, tráfico de armas, corrupción y trata de personas, etc.
La Articulación 611 nació en el año 2017, cuando un grupo de organizaciones sociales preocupadas por la discusión en el Congreso Nacional del proyecto de un nuevo Código Penal, se reunieron en Tegucigalpa para analizar su contenido y hacer propuestas de reforma antes de su aprobación y puesta en vigencia.
