Tegucigalpa.- Reina Margarita Carrasco, luchadora social, dirigente política del Partido Libertad y Refundación (Libre), excandidata a diputada y miembra fundadora del Bastión del Sur, fue asesinada este jueves 22 de enero en horas de la mañana en la ciudad de Choluteca, al sur de Honduras, en un hecho que constituye una grave violación a los derechos humanos y un ataque contra la participación social y política en el país.
Carrasco desarrolló una trayectoria activa de organización y movilización social en la zona sur del país. Desde el Bastión del Sur y las estructuras territoriales de Libre, participó como precandidata a diputada en el proceso electoral 2022–2026 y se mantuvo integrada a las acciones partidarias y sociales.
Recientemente había participado en Tegucigalpa en actividades de respaldo a la exigencia del voto por voto, como parte de las demandas por transparencia electoral y respeto a la voluntad popular.
De acuerdo con la información disponible, el hecho violento se registró en el sector de Colonias Unidas, cuando sujetos armados le dispararon en repetidas ocasiones. Gravemente herida, fue trasladada al Hospital Regional del Sur, centro asistencial donde laboraba, falleciendo posteriormente a causa de múltiples impactos de bala.
“Era una persona de lucha en las calles, una lideresa, formó parte de la planilla de diputados y fue candidata cuando la elección de la presidenta Xiomara Castro”, expresó Marta Lorena Herrera, integrante de la Red de Defensoras y Defensores del Sur (REDHESUR), al referirse a su compromiso político y social.
Este asesinato ocurre en un contexto persistente de violencia contra personas con liderazgo social y participación política, situación que ha sido denunciada de manera reiterada por organizaciones de derechos humanos.
El asesinato de Reina Margarita Carrasco no puede ser tratado como un hecho aislado ni desvinculado de su participación social y política, por lo que exige al Estado hondureño una investigación pronta, seria e imparcial, orientada a esclarecer los hechos, identificar y sancionar a los responsables materiales e intelectuales.
