Nuestra organización fraterna, el COFADEH vuelve a alzar la voz frente a un proyecto de endurecimiento penal que amenaza las libertades fundamentales.
La Rel UITA adhiere a esta denuncia. Sabemos de sobra que, cuando el Estado convierte la seguridad en excusa para restringir derechos, quienes primero quedan en la mira son los sectores populares, las organizaciones sociales y el movimiento obrero.
El pronunciamiento del COFADEH contra el dictamen de la llamada Ley Especial para el Fortalecimiento del Marco Penal y Procesal, emitido el 27 de octubre, no puede entenderse como una objeción jurídica aislada.
Es una oportuna advertencia política sobre el rumbo que puede tomar Honduras cuando, en nombre de la seguridad, se pretende debilitar las garantías constitucionales y ampliar peligrosamente las facultades represivas del Estado.
La seguridad no puede ser la coartada
Combatir la violencia y el crimen organizado es una responsabilidad ineludible de cualquier Estado. Pero esa responsabilidad no habilita a suspender derechos, reducir controles judiciales ni transformar la excepción en norma.
Las disposiciones cuestionadas por el COFADEH abren interrogantes alarmantes: allanamientos sin orden judicial previa bajo determinadas circunstancias, penas desproporcionadas por expresiones visuales o simbólicas, prisión preventiva obligatoria y aislamiento carcelario prolongado.
No son cuestiones menores. La inviolabilidad del domicilio, la libertad de expresión, el derecho a la defensa y las garantías del debido proceso constituyen límites indispensables frente a la arbitrariedad. Cuando esos límites se debilitan, la ciudadanía queda más expuesta al abuso y el poder adquiere herramientas que pueden terminar utilizándose contra quienes cuestionan sus decisiones.
La protesta social no es terrorismo
La preocupación expresada por nuestra organización hermana, adquiere una dimensión todavía más grave ante el riesgo de que estas reformas se conviertan en mecanismos para criminalizar la protesta popular.
Cuando una consigna, un grafiti o cualquier otra expresión simbólica puede ser equiparada a integrar una organización terrorista, el problema excede largamente el ámbito penal. Lo que está en juego es la posibilidad misma de disentir, denunciar injusticias y organizarse colectivamente.
La Rel UITA, que desempeñó un rol protagónico contra la dictadura cívico-militar (2009), no es indiferente a esta advertencia. Nuestra solidaridad no nace de una coincidencia circunstancial. Se sostiene en la convicción de que la democracia y el respeto de los derechos humanos, mantienen una interdependencia mutua.
Allí donde se persigue a quienes reclaman justicia, se amenaza también el derecho de las trabajadoras y los trabajadores a organizarse, expresarse y luchar por una vida digna.
Honduras conoce el costo de la impunidad y de la violencia ejercida desde el poder.
América Latina conoce muy bien que Honduras ─además de haber prestado su territorio para entrenar huestes de mercenarios para invadir a países vecinos─ desde hace décadas es un laboratorio a cielo abierto donde se destilan directrices políticas económicas, sociales y represivas, transformándose luego en elixir del paladar de las elites neofascistoides.
La reforma laboral, la irrupción del trabajo por horas e intermitente, el extractivismo colonial como el gran salvador, los asesinatos políticos vestidos de crímenes pasionales, la criminalización y la judicialización de la lucha popular, un nuevo Código Penal a la medida de los usurpadores de la democracia, las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE con autonomía legal, fiscal y de seguridad propios dentro del país), son algunos ejemplos de las estrategias clonadas con fervor fuera de fronteras.
Sin olvidar, detalle no menor, que el consultor Fernando Cerimedo tuvo un rol central en el claro fraude electoral consumado en Honduras, más la participación directa de la administración Trump que amenazó en cortar la ayuda de Estados Unidos y entorpecer el envío de remesas.
Acompañamos al COFADEH en su defensa y promoción de los derechos humanos y hacemos un llamado a las organizaciones sindicales y sociales de América Latina a mantenerse alertas y solidarias frente a cualquier intento de criminalizar la protesta y restringir las libertades fundamentales.
Gerardo Iglesias
Secretario Regional UITA
