El libreto de la persecución política en América Latina se repite con una precisión matemática, utilizando los tribunales de justicia desde la punta de Las Malvinas hasta el polo norte, no como garantes de la ley sino como herramientas de neutralización de la disidencia.
Evo, Luis, Luisa y Claudia viven en simultáneo en Bolivia, Honduras, Ecuador y México la misma criminalización de sus resistencias al fascismo y a la misoginia patriarcal capitalista.
En Honduras y diversos puntos de la región, voces diversas se alzan hoy para advertir que lo que enfrentamos no son procesos judiciales genuinos contra liderazgos reconocidos, sino el uso sistemático del aparato estatal para frenar la voluntad popular y revertir conquistas democráticas.
Un ejemplo de esta dinámica es Ecuador donde Luisa González es blanco de un cerco judicial por parte del gobierno espurio de Daniel Noboa, tras haber demostrado un caudal electoral innegable que batió en las urnas a los narcos apoderados del país junto a la DEA y los mercenarios de Erik Prince, el dueño de Blackwater.
Es la misma tendencia en Honduras contra el expresidente del Congreso, Luis Redondo, quien ha sostenido una prolongada batalla política frente a los sectores tradicionales del país, demostrándoles que roban y mienten, y que eligen gente por la cual los electores nunca votaron.
Esta fórmula de acoso penal no es nueva en el continente. El encarcelamiento de opositores mediante la fabricación de delitos comunes es el núcleo del denominado lawfare o guerra jurídica. Es la misma estrategia que ha perseguido a Cristina Fernández en Argentina, la que instrumentaliza procesos penales contra Evo Morales en Bolivia, y la que mantiene bajo un cuestionado régimen de reclusión al expresidente peruano Pedro Castillo. Esta ofensiva trasciende cortes y mercados, entra al túnel macabro de la misoginia de Trump contra la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, a quien intenta cercar porque lo derrota en cada mañanera con su vocecita de anís, canela y jengibre.
El uso de la criminalización política se extiende además a la persecución de organizaciones sindicales en Panamá y al perverso y malandrín bloqueo económico contra Cuba.
En el contexto hondureño, la presión se traduce además en acciones legales colectivas contra diputados y ex colaboradores del gobierno de la presidenta Xiomara Castro. El objetivo de fondo es evidente: desgastar la imagen del Partido Libre, reducir su espacio en la opinión pública y revertir el avance político y cultural obtenido en las calles y los procesos electorales desde 2013 a la fecha.
Detrás de esta embestida conservadora subyace una matriz ideológica autoritaria, el fascismo que se mide en las urnas en Brasil con sectores de la extrema derecha instrumentalizando la fe religiosa para inyectar una profunda división social. Como en Honduras, es una lógica similar a la que impera en Argentina bajo la patética gestión de Javier Milei, cuyas políticas de ajuste y alineamiento internacional a las mafias corporativas generan tensiones incluso dentro de los sectores empresariales que inicialmente acompañaron su ascenso.
Al mirar el panorama regional, la situación de Perú evidencia cómo el fujimorismo de Keiko y sus aliados sostienen un régimen alineado estrictamente a los intereses de Washington a través de Marco Rubio hablando español.
En Colombia, la oposición radical del uribismo sionista con Espriella buscan erosionar la agenda de paz y de seguridad social, apostando por políticas de mano dura subordinadas a la agenda del movimiento MAGA estadounidense, que utiliza sus agencias federales no para combatir sino para estimular la cosa, esa cosa…
En el plano local, Honduras sufre la gestión de una banda bipartidista sin proyecto de país y cuya legitimidad depende enteramente del dictado externo y de la subordinación a los intereses del trumpismo millonario que toma todo sin invertir nada. Esta facción liberal nacionalista no representa los valores ni la dignidad del pueblo catracho, reduciendo la política a una puesta en escena que lesiona la soberanía nacional.
Mientras esto ocurre, Estados Unidos se encamina a un proceso electoral decisivo la próxima semana. La comunidad internacional observa con atención si el electorado estadounidense aplicará un voto de censura a la agenda despiadada de Donald Trump, cuyo historial de cuestionamientos internos y externos pone en riesgo el derecho internacional, la paz regional y la multipolaridad.
La paradoja de la política exterior de la USA es notable: ante las tensiones y bloqueos en las rutas del Golfo Pérsico y el Mar Rojo, la urgencia energética obliga a buscar pragmatismo comercial con la Federación Rusa, mientras la población civil estadounidense asume los costos del combustible con el diésel rozando los 4 dólares y la gasolina superando los 3 dólares por galón.
El costo real de este sistema descompuesto lo pagan los millones de latinoamericanos migrantes en suelo estadounidense, víctimas del racismo institucional, del acoso migratorio y de un opaco sistema carcelario de detención que mantiene a miles de personas en una vulnerabilidad extrema, constituyendo una crisis humanitaria silenciada ante los ojos del mundo.
Por ello, la exigencia de esta noche es clara: es imperativo detener la criminalización de la política. Condenamos la instrumentalización de la justicia contra líderes como Luis Redondo, Edis Moncada, Luisa González y Evo Morales, o contra pueblos o minorías determinadas. Alertamos sobre la persecución penal contra los diputados de la Comisión Permanente del Congreso hondureño, quienes asumieron en 2025 la defensa de la transparencia electoral frente a las presiones del COHEP, de operadores internacionales, de pandillas y delegaciones diplomáticas extranjeras lideradas por la embajada estadounidense, otra vez.
La gravedad de la situación jurídico’política aumenta cuando las autoridades policiales anuncian públicamente tener «identificadas y perfiladas» a las personas que ejercen su derecho legítimo a la protesta pacífica en Tegucigalpa, exigiendo servicios básicos en otras latitudes del país. La historia nos recuerda que este tipo de registros y seguimientos derivaron en violaciones sistemáticas a los derechos humanos, evocando las épocas oscuras de la doctrinas de inseguridad nacional de Álvarez Martínez, Rosuco y el 3-16.
Sin embargo, los procesos históricos no se agotan en una sola jornada electoral como la de este domingo. Mantenemos la certeza de que la voluntad de los pueblos prevalecerá en los desafíos democráticos de la región, porque naciones como Brasil representan mucho más que sus expresiones culturales; representan la defensa de la Amazonía, la biodiversidad y los recursos vitales que pertenecen al presente y al futuro de la humanidad. Como bien señala el teólogo Leonardo Boff: «La política no es para dominar, sino para hacer el bien y cuidar la casa común». Por la libertad, la justicia legal y la soberanía de nuestras naciones, la construcción de una alternativa democrática continúa. Buenas noches.
