San José, Costa Rica.- El pasado 17 de diciembre, el tribunal de Usulután absolvió a la joven de 20 años, Imelda Cortez, por considerar que no existían elementos para determinar la intencionalidad en la comisión del delito que se le imputaba. Los jueces además argumentaron que haber enfrentado una emergencia obstétrica era un evento traumático, especialmente después de sufrir violencia sexual, realidad que refleja lo vivido por muchas mujeres salvadoreñas que son criminalizadas.
Desde el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) celebramos esta decisión, por cuanto pone fin a la privación de libertad de esta joven, que se sostuvo injustamente por 18 meses, y reconoce lo que ella y miles de personas alrededor del mundo hemos dicho: Imelda es inocente.
Lamentablemente, el caso de Imelda no es único. A la par de la satisfacción de verla hoy en libertad, aún queda un importante camino para asegurar que a muchas otras mujeres que han sido criminalizadas en situaciones similares se les garanticen sus derechos y evitar que otras corran la misma suerte.
Además, esta decisión es una interpelación para que se revise la normativa que prohíbe la interrupción del embarazo en cualquier circunstancia, en contraposición con las obligaciones del Estado salvadoreño y como ha sido reiterado sistemáticamente por diversos órganos internacionales de protección. Esta prohibición absoluta está a la base de la conducta de un Estado que lejos de proteger a una joven como Imelda, sobreviviente de violencia sexual durante años, la criminaliza.
La resolución por el caso de Imelda puede ser un punto de inflexión que permita una revisión de la política de persecución criminal que ha truncado la vida a decenas de mujeres.
Desde CEJIL celebramos que la justicia haya reconocido la inocencia de Imelda, y nos comprometemos a continuar con nuestras exigencias para que el Estado adopte los pasos necesarios conducentes a saldar la deuda que aún tiene las jóvenes y mujeres salvadoreñas. Esperamos que la decisión emitida por el tribunal permita avanzar en una discusión centrada en la protección de los derechos de las niñas y mujeres salvadoreñas para que la historia de Imelda no se repita nunca más.
