Tegucigalpa.- Margaret Satterthwaite, relatora especial de las Naciones Unidas sobre la independencia de los magistrados y abogados, expresó su preocupación por el marco jurídico que regula los procedimientos de juicio político y destitución en Honduras, especialmente cuando se aplican a jueces, juezas, fiscales y otras autoridades cuyas funciones requieren independencia frente a los poderes políticos.
En una carta dirigida al Gobierno hondureño y divulgada a través de la red social X, Satterthwaite advirtió que los motivos de destitución amplios y poco definidos, sumados a garantías procesales insuficientes, pueden socavar la independencia judicial y la estabilidad en el cargo.
“Me preocupa especialmente la concentración de facultades en el Congreso Nacional para investigar, enjuiciar y resolver sobre los procedimientos de destitución, así como la presunta ausencia de una revisión judicial efectiva”, señaló la relatora.
Asimismo, sostuvo que estos procedimientos deben regirse por criterios jurídicos claros, objetivos y previsibles, garantizar el debido proceso y la imparcialidad, y contemplar una revisión independiente y efectiva cuando así lo exija el derecho internacional.
La experta también recordó que la independencia judicial exige que jueces y juezas no sean destituidos ni sometidos a responsabilidad por decisiones judiciales adoptadas de buena fe.
“Los mecanismos de rendición de cuentas no deben convertirse en instrumentos de presión política o represalias contra jueces y juezas, fiscales u otros actores de la justicia”, enfatizó.
Finalmente, a la luz de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Gutiérrez Navas y otros vs. Honduras, Satterthwaite instó a las autoridades hondureñas a garantizar que el marco jurídico cumpla plenamente con las normas internacionales de derechos humanos y establezca salvaguardias efectivas contra la injerencia política indebida.
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