Tegucigalpa.- En Honduras, agosto es un mes marcado por la memoria. En diferentes años de la década de los ochenta, al menos 14 personas fueron detenidas y desaparecidas de manera forzada, víctimas de una política represiva que operó bajo la Doctrina de Seguridad Nacional (DSN), dejando una profunda herida en la historia del país y una deuda que el Estado aún no ha saldado con las familias de las víctimas.
La desaparición forzada constituye una de las más graves violaciones a los derechos humanos. Se trata de un crimen de carácter continuado y pluriofensivo, ya que vulnera múltiples derechos fundamentales y prolonga el sufrimiento de las familias mientras no se conozca el destino o paradero de las personas desaparecidas.
En Honduras, la Doctrina de Seguridad Nacional fue aplicada durante la década de los ochenta como parte de una estrategia de represión interna impulsada por el Estado con el respaldo de los Estados Unidos.
Bajo este esquema se persiguió, detuvo, torturó y desapareció a personas consideradas por las autoridades como opositoras o una amenaza para la seguridad nacional.
El informe «Los hechos hablan por sí mismos», elaborado por el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), documenta 184 desapariciones forzadas ocurridas durante esa década, confirmando que estos hechos respondieron a una política de Estado.
Entre las víctimas desaparecidas en el mes de agosto se encuentran ciudadanos hondureños y extranjeros.
El 5 de agosto de 1981 desapareció en Tegucigalpa la salvadoreña Yadira Villalta, junto a ocho compatriotas. Días después, el 8 de agosto, fue secuestrado el ciudadano ecuatoriano Jorge Manuel Morales Alvarado, junto a dos hijos de Villalta, en un operativo atribuido a agentes de la entonces Dirección Nacional de Investigaciones (DNI).
Ese mismo 8 de agosto desapareció el comerciante hondureño Jorge Zavala Eurake, capturado por hombres armados vestidos de civil cuando salía de su vivienda en el barrio La Leona de Tegucigalpa. Testimonios y declaraciones posteriores vincularon su desaparición con altos mandos militares y policiales de la época.
El 10 de agosto de 1981 fue desaparecido el estudiante salvadoreño José Eduardo González Morales, junto a otros cuatro ciudadanos de su país. La Federación Unitaria de Trabajadores de Honduras denunció que los detenidos estaban siendo sometidos a torturas, pero nunca fueron liberados ni deportados.
Ese mismo día también fue desaparecido en San Pedro Sula David Ayala, mientras que el mecánico Domingo Eleuterio Rodríguez Cabrera fue capturado el 5 de agosto en San Lorenzo, Valle. Su caso refleja el patrón de impunidad que caracterizó aquellos años: los recursos de exhibición personal y hábeas corpus presentados por sus familiares fueron rechazados por la Corte Suprema de Justicia, mientras su familia sufrió persecución, desplazamiento forzado y el asesinato de su padre, Manuel Rodríguez.
En agosto de 1982 desaparecieron también el dirigente estudiantil José Eduardo Becerra Lanza, secretario general de la Federación de Estudiantes Universitarios de Honduras (FEUH); el sindicalista Germán Pérez Alemán, fiscal del Sindicato de Empleados Públicos de Mantenimiento de Carreteras, Aeropuertos y Terminales (SECAMAT); y Teresa de Jesús Sierra Alvarenga, detenida en Comayagüela.
La lista continúa con María Candelaria Muñoz, desaparecida en agosto de 1987; Heriberto Carrillo Escobar, Óscar Alfonso Flores Castellanos y Carmen Euceda, quienes fueron víctimas de desaparición forzada durante agosto de 1988.
La práctica sistemática de este crimen fue reconocida internacionalmente por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que estableció la existencia en Honduras, entre 1981 y 1984, de una política de desapariciones forzadas ejecutada con el amparo o la tolerancia del poder público.
El tribunal concluyó que las víctimas eran, en su mayoría, personas consideradas por las autoridades como un supuesto riesgo para la seguridad del Estado.
Honduras fue además el primer país condenado internacionalmente por desaparición forzada cuando, el 29 de julio de 1988, la Corte Interamericana emitió la histórica sentencia en el caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras, un fallo que marcó un precedente para el sistema interamericano de derechos humanos y confirmó la responsabilidad estatal en este tipo de crímenes. A más de cuatro décadas de estos hechos, la desaparición forzada sigue siendo una herida abierta. Las familias continúan reclamando verdad, justicia, reparación integral y garantías de no repetición.
