Tegucigalpa.– El abogado Mario Urquía, Secretario Ejecutivo del Foro Nacional de Convergencia (FONAC), advierte que el cierre de espacios destinados a preservar la memoria histórica y las reformas que restringen la autonomía de organismos de derechos humanos representan una situación preocupante para Honduras.
La memoria histórica no puede ser relegada ni debilitada en un país marcado por episodios de persecución política, desapariciones forzadas y graves violaciones a los derechos humanos. Así lo señaló el abogado Mario Urquía, al referirse al cierre de algunos espacios creados para recuperar y preservar la memoria histórica de Honduras y a los cambios que se plantean sobre organismos vinculados con la protección de los derechos de las personas privadas de libertad.
Para Urquía, la situación resulta preocupante porque Honduras ha atravesado, a lo largo de su historia social, política y económica, momentos sumamente graves y traumáticos que han dejado profundas consecuencias en numerosas familias y en la sociedad hondureña.
Entre estos hechos mencionó el fenómeno de los detenidos desaparecidos, la persecución política y la aplicación de la Doctrina de Seguridad Nacional, períodos que, a su criterio, deben ser conocidos y recordados para evitar que situaciones similares vuelvan a repetirse.
“Es importante rescatar para no volver a incurrir en ese tipo de situaciones, es decir, no olvidar, no dejar a un lado nuestra memoria histórica, con el objetivo de aprender de esas lecciones que han afectado gravemente a nuestra sociedad”, expresó.
Consultado sobre el cierre del Instituto de la Memoria, creado mediante el Decreto PCM-17-2024, Urquía manifestó que no tenía conocimiento previo de la decisión; sin embargo, consideró desafortunado que una institución de esta naturaleza pueda ser cerrada.
“La memoria histórica es algo que más bien nosotros debemos fortalecer, construir en nuestra sociedad”, afirmó.
El abogado sostuvo que preservar la memoria resulta fundamental precisamente por los acontecimientos que han marcado la historia hondureña y por la necesidad de que las nuevas generaciones conozcan las consecuencias de la violencia política y las violaciones a los derechos humanos.
En este sentido, el cierre de espacios destinados a la investigación, documentación y recuperación de la memoria genera preocupación entre quienes consideran que el Estado tiene la responsabilidad de garantizar el acceso de la sociedad a su historia.
Urquía también se refirió a la situación de la Comisión Nacional de Prevención Contra la Tortura y Otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes (CONAPREP) y a una reforma a su ley que, según explicó, facultaría al presidente de la República para sustituir a los comisionados bajo el argumento de que no existe confianza en ellos.
A su juicio, esta disposición puede generar inestabilidad y afectar la objetividad e imparcialidad con la que debe funcionar un organismo de esta naturaleza.
“Me parece que también es una situación que desestabiliza e impide que pueda existir, digamos, objetividad, imparcialidad en la labor que realizan entes como CONAPREP”, señaló.
El abogado cuestionó especialmente aquellas reformas que puedan reducir la autonomía y la independencia de los organismos encargados de garantizar derechos fundamentales.
“Me parece que son reformas que tienden a disminuir, más bien a restringir la autonomía, la independencia con que pueda desarrollarse un órgano que está precisamente para garantizar derechos que corresponden a los privados de libertad”, explicó.
Independencia frente a cualquier gobierno
Para Urquía, la autonomía de los organismos de derechos humanos no debe depender del gobierno de turno ni de su signo político, debido a que su función debe centrarse en garantizar los derechos de las personas.
Recordó que entre las responsabilidades de estos entes se encuentra la prevención de los malos tratos y de cualquier forma de trato cruel, inhumano o degradante que pueda producirse dentro de las prisiones hondureñas.
“Una labor independiente, una labor con autonomía es necesaria independientemente del color político del gobierno que esté en su momento en la administración pública”, enfatizó.
Las declaraciones del abogado Mario Urquía se suman a las voces que alertan sobre los riesgos que implica debilitar las instituciones vinculadas con la memoria histórica y la protección de los derechos humanos.
En un país donde las familias de las víctimas de desaparición forzada continúan exigiendo verdad, justicia y memoria, el llamado es a no cerrar los espacios destinados a conocer el pasado, sino a fortalecerlos para que las graves violaciones ocurridas en Honduras no sean nuevamente condenadas al silencio y al olvido.
