Los sectores pensantes y las fuerzas populares de Honduras no deben caer en las trampas de los provocadores. La ilegal, inconstitucional y decadente célula instalada bajo el ropaje de Próspera en Roatán no puede desestabilizar a la gente sensata, ni siquiera cuando monta el teatro ridículo de nombrar su propio canciller o su propia aduana.
Ante las bufonadas de este enclave colonialista, financiado por la ultraderecha transnacional y la red de corrupción que saqueó al país, la respuesta debe combinar dos armas políticas fundamentales: estoicismo estratégico y cinismo analítico.
El comportamiento de los imperios en decadencia y sus satélites es predecible. Cuando Washington pregona un control total sobre el escenario geopolítico global, el mundo entiende exactamente lo contrario: que ha perdido el control hasta de su propio jardín.
Cuando miente anunciando el fin de 8 o 10 guerras iniciadas por Estados Unidos, disfrazándose de premio nobel de la Paz, sólo delata la urgencia de maquillar su desplome local ante las elecciones de noviembre.
Y cuando Trump, el jefe de Asfura y el rehén del señor Birman, promete un mercado energético de precios bajos, la realidad lo castiga con inflación, tasas de interés elevadas y una deuda soberana asfixiante de 40 BI-LLO-NES de dólares.
Por eso, responder visceralmente a los ejecutivos de esa corporación pirata en Roatán es hacerles el juego. De ese enclave colonial, tarde o temprano, se ocuparán las antorchas del mar Caribe y de toda la Nación de Satuyé, Sicumba, Lempira, Morazán y Berta Cáceres. Pero antes, por la insistencia de Everaldo de poner este tema sobre la mesa, es imperativo dotarlo de su verdadero contexto geopolítico y criminal. Para que no sea una manotada patriotera inofensiva y suelta.
«Los favores políticos en Washington se pagan con soberanía en el Sur», podría resumir el reciente y demoledor informe del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. El documento confirma de forma oficial lo que era un secreto a voces: una red de multimillonarios del movimiento MAGA pagó sobornos corporativos a la Casa Blanca del «negociante naranja» a cambio de indultos para más de 1,500 delincuentes peligrosos.
Entre los beneficiados de ese mercado sucio figura el capo del Río Grande, el hondureño más aborrecido por las movilizaciones populares de las antorchas. Uno de los refugios de esos financistas coloniales se asienta hoy en nuestro departamento insular, pretendiendo simular un Estado propio dentro del territorio hondureño con el nombramiento bufonesco de fiscales, camilleros, albañiles y cobradores de impuestos privados.
Olvidan estos filibusteros que el 20 de septiembre de 2024, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró la inconstitucionalidad absoluta de las ZEDE. Aquel fallo inapelable anuló de raíz las estructuras piratas que la narcodictadura de Juan Orlando Hernández vendió en 2012, violando artículos pétreos de la soberanía nacional. Por más vueltas que le den los bufetes de estos piratas del archipiélago a la traición a la Patria cometida por liberales y cachurecos, no hay marcha atrás. Pero la Corte debe actuar en el interés nacional superior.
Con justa razón, los movimientos sociales y populares se plantaron esta semana ante el Poder Judicial para exigir la ejecución inmediata de la sentencia. La justicia que se engaveta o se dilata no es justicia; es complicidad. La Corte no puede contemplar de brazos cruzados cómo se suplanta la soberanía en Roatán para pagar el favor de una excarcelación criminal. Y esa no es tarea encomendada sólo a don Fernando.
Esta deuda de la justicia con el pueblo es integral y abarca también la impunidad histórica de los uniformados. En esta misma jornada de exigencia, el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), en representación de la familia Murillo Mencía, ha exigido el cumplimiento inmediato de la orden de captura contra el general en retiro y chafa golpista Romeo Vásquez Velásquez. Los entes correspondientes no deben esperar a que la Corte resuelva los recursos de amparo dilatorios con los que sus abogados pretenden paralizar la acción penal. Ya en el pasado la confianza en esos defensores facilitó fugas vergonzosas.
Honduras enfrenta una encrucijada determinante para su futuro: por un lado, el desacato de corporaciones transnacionales que se resisten a abandonar privilegios coloniales; por el otro, la perenne sombra de actores políticos y militares que se creen por encima de la ley. La Corte Suprema de Justicia tiene en sus manos la oportunidad histórica de demostrar su verdadera independencia. Ejecutar el fallo contra las ZEDE y aplicar la ley penal sin distingos de rango son obligaciones patrióticas inmediatas.
De lo contrario, podemos profetizar que las antorchas de la indignación popular tendrán una parada obligatoria y permanente hasta convertirse en fogata, tanto frente a la sede de la diosa Temis como ante los despachos diplomáticos de la injerencia extranjera en la capital.
Buenas noches!
