Tegucgalpa.- Rolando Cañizales, exdirector del Instituto Hondureño de Antropología e Historia (IHAH), cuestionó el cierre del Instituto de la Memoria y advirtió que la decisión forma parte de un proceso de desmantelamiento de instituciones vinculadas con la historia y la cultura del país.
El anuncio del cierre del Instituto de la Memoria ha generado cuestionamientos entre sectores vinculados a la defensa de la memoria histórica y los derechos humanos.
Para Rolando Cañizales, exdirector del Instituto Hondureño de Antropología e Historia (IHAH), la decisión evidencia no solo una política de debilitamiento institucional, sino también un desconocimiento sobre las funciones para las que fue creado este organismo.
“Creo que es parte de una política de desmantelar las instituciones relacionadas con la historia, la cultura”, señaló Cañizales, quien además cuestionó la forma en que fue comunicada la liquidación de la institución.
Según explicó, el Instituto de la Memoria tenía entre sus principales funciones investigar, documentar y registrar hechos históricos relacionados con las violaciones a los derechos humanos en Honduras a lo largo de toda su historia, y no únicamente durante un período determinado.
Cañizales destacó que se trataba de un proyecto de gran alcance y, además, inédito para el Estado hondureño, debido a que pocas veces se había impulsado desde las instituciones públicas una investigación sistemática sobre el fenómeno de la violencia política en el país.
“Pocas veces el Estado se ha preocupado por investigar lo que ha sido el fenómeno de la violencia política en el país”, afirmó.
En ese sentido, consideró que la decisión de cerrar el Instituto contradice las demandas de amplios sectores de la sociedad hondureña que continúan exigiendo investigaciones sobre hechos políticos relacionados con violaciones a la legalidad y los derechos humanos.
Cañizales explicó que tuvo una participación cercana en el trabajo desarrollado por el Instituto de la Memoria durante su gestión al frente del IHAH.
Recordó que, por instrucciones de la Presidencia de la República de ese entonces, ambas instituciones trabajaron de manera estrecha.
“Habían planes ambiciosos para que Honduras por primera vez pudiera registrar esa historia de violaciones de derechos humanos”, relató.
Entre los proyectos contemplados se encontraba la creación de archivos especiales destinados a preservar la documentación sobre estos hechos, de manera que investigadores actuales y futuras generaciones pudieran acceder a ella y continuar estudiando ese período de la historia nacional.
Por ello, calificó el cierre como “un golpe bastante fuerte” para las políticas de memoria y para la investigación histórica en Honduras.
A su juicio, la decisión también afecta el derecho de la sociedad hondureña a conocer y comprender su propio pasado.
“Es un golpe bastante fuerte el que se ha dado a las políticas de memoria, a las políticas de investigación histórica y, en general, al conocimiento que es un derecho de toda la sociedad sobre nuestro pasado”, manifestó.
El exdirector del IHAH explicó que el Instituto de la Memoria tuvo su sede en la antigua Casa Presidencial, en el centro de Tegucigalpa, por disposición del Poder Ejecutivo.
Reconoció que la institución tuvo una existencia relativamente corta, de aproximadamente tres años o incluso menos, y que desde sus primeros momentos enfrentó dificultades relacionadas con su dirección, debido a que durante un período no contó con una persona al frente de la institución. Posteriormente, el doctor Jorge Amaya asumió la dirección durante el último año.
Sin embargo, Cañizales consideró que estas dificultades no significan que el Instituto haya carecido de resultados.
Aseguró que durante su funcionamiento se desarrollaron actividades destinadas a contribuir a que la sociedad hondureña recordara y conociera diferentes hechos de su historia reciente.
Entre ellas destacó la inauguración de una sala dedicada a las personas desaparecidas durante la década de 1980, iniciativa que calificó como inédita desde el Estado hondureño.
“Desde el Estado era algo bastante inédito porque no se había producido desde quizás los noventa unas iniciativas de este nivel para que la población conociera ese período marcado por la violencia política”, explicó.
También señaló que el Instituto desarrolló investigaciones y tenía previsto divulgarlas con el acompañamiento del Instituto Hondureño de Antropología e Historia.
Uno de los principales riesgos que Cañizales observa con el cierre es precisamente la pérdida de acceso público a las investigaciones y documentos que fueron generados durante la existencia del Instituto.
“Esas investigaciones, por desgracia, van a quedar archivadas y va a ser muy difícil que la población pueda acceder a estas”, advirtió.
Para el exdirector del IHAH, la preservación y divulgación de estos materiales resulta fundamental para garantizar que los hechos relacionados con la violencia política y las violaciones a los derechos humanos no sean relegados al olvido.
Para quienes defienden la memoria histórica, el debate trasciende la permanencia de una institución: se trata de garantizar que los hechos del pasado puedan ser investigados, documentados, conocidos por la sociedad y preservados para las futuras generaciones.
