Tegucigalpa.- Con un homenaje anticipado a las víctimas de la desaparición forzada, cuya memoria es honrada cada 30 de agosto a nivel nacional e internacional, familiares de personas detenidas desaparecidas en Honduras realizaron este viernes el octavo plantón del año 2026.
Desde hace 44 años, familiares y víctimas de la Doctrina de Seguridad Nacional, aglutinados en el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), realizan cada primer viernes de mes un plantón en el Parque La Merced, conocido también como Plaza de los Desaparecidos, para exigir a los gobiernos de turno verdad, justicia y memoria para sus seres queridos.
En la jornada participaron familiares, víctimas, amistades y representantes del Colegio de Pedagogos de Honduras (COLPEDAGOGOSH), quienes acompañaron el acto de memoria y exigencia de justicia.
Como parte de la actividad se dio lectura a un comunicado en el que se recordó que el próximo 30 de agosto se conmemora el Día Internacional de las Víctimas de la Desaparición Forzada y el Día Nacional del Detenido Desaparecido, fechas que, según el documento, obligan a mantener viva la memoria y a señalar a los responsables de la represión estatal de las décadas pasadas.
El comunicado reivindica la memoria de las víctimas de la represión política y denuncia la crisis institucional y de derechos humanos que atraviesa Honduras, marcada por la persecución política, la falta de justicia, la violencia y el debilitamiento de las instituciones independientes.
Asimismo, hace un llamado a no olvidar a las personas asesinadas y perseguidas por razones políticas, reivindicándolas como héroes y heroínas cuya dignidad y ejemplo continúan orientando a las nuevas generaciones.
COFADEH también cuestionó la actuación del Estado hondureño ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y advirtió sobre la ausencia de una institucionalidad capaz de garantizar la independencia judicial, proteger a las personas defensoras de derechos humanos y asegurar el respeto de los derechos de la población.
Finalmente, el documento plantea que la memoria de las víctimas debe transformarse en una exigencia permanente de justicia, frente a la crisis institucional, la persecución política, la violencia y la impunidad que persisten en Honduras.
