Tegucigalpa.- La Asociación Nacional para el Fomento de la Agricultura Ecológica (ANAFAE), con apoyo de HEKS/EPER, desarrollaron este jueves 17 de septiembre un foro-conversatorio sobre la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales (UNDROP).
El encuentro reunió a organizaciones campesinas, sociedad civil, instituciones del Estado, operadores de justicia y organismos de cooperación internacional, con el objetivo de dar a conocer la UNDROP, fortalecer capacidades y promover su posible aplicación en el marco jurídico e institucional de Honduras.
A través del foro se buscó acercar la Declaración a la realidad hondureña y generar un diálogo entre el Estado, la cooperación y las organizaciones campesinas sobre las posibilidades de implementación.
La iniciativa forma parte de un proceso que ANAFAE impulsa desde 2017 para divulgar, analizar y promover los derechos campesinos.
Este trabajo cobra relevancia debido a las desigualdades que enfrentan las comunidades rurales en el acceso a tierra, agua, semillas, mercados y justicia.
Como parte del proceso, ANAFAE realizó un estudio técnico-jurídico comparativo entre la UNDROP y la legislación hondureña, cuyos principales resultados fueron presentados y discutidos durante el foro.
Carlos Arturo Duarte Torres, Relator y Presidente del Grupo de Trabajo de Expertos de Naciones Unidas, presentó la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales (UNDROP), destacando cuatro aspectos principales: su origen y estructura, el grupo de trabajo que la sustenta, su utilidad y el trabajo que este grupo ha desarrollado.
Indicó que la UNDROP constituye un hito histórico mundial porque surgió de un proceso de lucha y organización de los campesinos y trabajadores rurales, especialmente de América Latina y Asia.
Señaló que organizaciones campesinas, sindicatos agrarios y movimientos como La Vía Campesina impulsaron desde comienzos de los años 2000 la creación de un instrumento internacional que reconociera y protegiera sus derechos.
Sostuvo que posteriormente, Naciones Unidas inició un proceso de estudios y negociaciones con los Estados, que culminó con la adopción de la Declaración en 2018.
Duarte resaltó que la Declaración, aunque fue finalmente adoptada por los Estados, tiene sus raíces en las demandas y luchas de las organizaciones campesinas.
Indicó que su elaboración tomó cerca de dos décadas y estuvo marcada por movilizaciones, negociaciones y, en algunos casos, persecución y pérdida de defensores.
La Declaración está compuesta por 28 artículos, acompañados de numerosos párrafos y subpárrafos que desarrollan diferentes derechos y orientaciones.
Por su amplitud, el expositor lo considera un documento robusto y completo, que puede entenderse como una especie de mapa de las principales preocupaciones y necesidades de las poblaciones campesinas y rurales.
Finalmente, señaló que la UNDROP no debe verse únicamente como una herramienta para los campesinos, sino también como un instrumento para que los Estados comprendan mejor la realidad rural y diseñen políticas públicas adecuadas.
Su utilidad está en orientar las demandas campesinas, facilitar el diálogo con los gobiernos y servir como referencia para la protección y promoción de los derechos de quienes trabajan y viven en las zonas rurales.
Por su parte, la abogada hondureña Pamela Maureen Zamora Martínez reflexionó sobre la aplicación de la UNDROP en Honduras y planteó que el principal desafío es reconocer al campesino como sujeto de derechos, y no simplemente como beneficiario de la reforma agraria, poseedor de tierras o productor.
Señaló que Honduras no parte de cero, pues la Constitución establece que el fin supremo del Estado es la persona humana. Sin embargo, en la práctica, el campesinado continúa siendo poco visible dentro del marco de protección de derechos.
Asimismo, indicó que la legislación suele relacionarlo principalmente con la reforma agraria, dejando en segundo plano aspectos como su trabajo, patrimonio, familia, producción, acceso a recursos naturales y participación colectiva.
En su exposición, la abogada Zamora utilizó ejemplos cotidianos para mostrar cómo la sociedad ha aprendido a reconocer como “trabajador” principalmente a quien tiene un empleo formal, una profesión u horario de oficina, mientras que el trabajo campesino suele ser invisibilizado, pese a las largas jornadas y las dificultades asociadas a factores como la lluvia, las sequías y las condiciones del campo.
Reconoció que esta forma de ver al campesinado está profundamente arraigada en la sociedad, incluso en las propias decisiones de consumo. Explicó que ella misma, aunque conoce la importancia del trabajo campesino, puede pensar en el precio de un producto sin considerar inicialmente a la persona que lo produjo.
La profesional del derecho y especialista en Derecho Mercantil, Derecho Internacional y Derechos Humanos, señaló que la UNDROP plantea un cambio de perspectiva, que no se trata únicamente de incluir al campesinado en políticas o programas de protección, sino de garantizar que sea reconocido plenamente como titular de derechos, en condiciones de igualdad y dignidad.
Franklin Almendares, Coordinador General de La Vía Campesina Honduras, destacó la importancia de la Declaración de los Derechos de los Campesinos y las personas que viven en zonas rurales, señalando que en Honduras existe poco conocimiento sobre este instrumento.
Explicó que la declaración representa una herramienta de gran valor para el sector campesino, especialmente porque existen leyes nacionales que, según planteó, desconocen o contradicen sus derechos.
El coordinador de La Vía Campesina también resaltó su dimensión histórica y de memoria, al reconocer las luchas y sacrificios de campesinos y campesinas que defendieron la tierra y el territorio.
Almendares señaló el papel fundamental de la agricultura campesina en la producción de alimentos saludables, pese a las dificultades y a la falta de políticas públicas suficientes para respaldar al sector rural.
Finalmente, hizo un llamado al Estado de Honduras para que reconozca, respete y consulte a las comunidades campesinas antes de aprobar leyes que puedan afectar sus derechos.
Asimismo, planteó la necesidad de mantener un diálogo permanente y sincero con el sector rural y evitar que sus demandas y participación sean ignoradas.
