Tegucigalpa.- Luego de que Próspera ZEDE informara a través de sus redes sociales sobre la juramentación del abogado hondureño Alberto A. Hernández Franks como fiscal civil de esa jurisdicción, el nombramiento ha generado fuertes cuestionamientos jurídicos en Honduras.
De acuerdo con lo informado por Próspera ZEDE, Hernández Franks tendrá, desde su cargo, responsabilidades en materia civil y administrativa.
La juramentación ocurre en un contexto jurídico y político marcado por la controversia que persiste en el país en torno a las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE).
El 20 de septiembre de 2024, la Corte Suprema de Justicia declaró, por mayoría de votos, la inconstitucionalidad del Decreto 236-2012, que reformó los artículos 294, 303 y 329 de la Constitución, así como del Decreto 120-2013, que contiene la Ley Orgánica de las ZEDE, con efectos anulatorios por vulnerar artículos considerados pétreos.
Esta decisión judicial constituye uno de los principales antecedentes del actual debate sobre el funcionamiento y la situación jurídica de proyectos como Próspera, que han mantenido su propia posición respecto al alcance de las decisiones nacionales y continúan desarrollando estructuras institucionales dentro de su proyecto en Roatán.
Fernando García, abogado, economista y excomisionado contra las ZEDE, sostiene que estas zonas son inconstitucionales y cuestiona el reciente nombramiento de cinco funcionarios dentro de una ZEDE, calificándolo de una “aberración jurídica”.
Según García, los cargos anunciados —entre ellos fiscal especial, comisionado de Salud, inspector de Construcción y comisionado Tributario— equivaldrían a autoridades propias de un Estado, con funciones que, a su juicio, serían similares a las de un procurador, ministro de Salud, ministro de Obras Públicas y ministro de Finanzas.
El abogado y economista también advirtió que las ZEDE podrían permitir, según su interpretación, que inversionistas con grandes recursos adquieran más tierras, desplacen o presionen a comunidades y ejerzan facultades que considera propias del Estado hondureño.
En entrevistas con Defensores en Línea, García expresó específicamente su preocupación por Islas de la Bahía y otras zonas costeras. Sostuvo que, según su interpretación de la Ley Orgánica de las ZEDE, estas podrían llegar a expropiar el nombre y la representación del Estado de Honduras, lo que, en su opinión, podría derivar en una pérdida progresiva del territorio y en que los hondureños se conviertan en “extranjeros en su propio país”.
Ante ese escenario, García llamó a la población hondureña a asumir una posición firme y a oponerse a lo que considera una figura jurídica “aberrante”.
Finalmente, el excomisionado contra las ZEDE instó a la población hondureña y a los colegios profesionales a pronunciarse y actuar frente a las ZEDE.
García aclaró que su oposición no es contra la inversión extranjera, sino contra un modelo que, a su juicio, concede un nivel excesivo de autonomía a los inversionistas frente al Estado de Honduras.
