Tegucigalpa.- La coordinadora general del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh), Bertha Oliva, advirtió que las protestas estudiantiles en Honduras no deben analizarse como hechos aislados, sino como parte de un contexto más amplio en el que, según señaló, existe una “maquinaria muy aceitada” orientada a desarticular los reclamos sociales.
Durante su participación en el foro de UNE TV, Oliva sostuvo que la protesta constituye un derecho humano fundamental y cuestionó las narrativas que buscan reducir estas expresiones a incidentes puntuales o deslegitimarlas.
“Si agarramos la manifestación de los estudiantes como un hecho puntual, siempre se van a encontrar voceros que intenten desarticularla y negar que existe una política detrás”, expresó.
La defensora de derechos humanos relató que, desde la observación que realiza el COFADEH, se identifican patrones de actuación que evidencian preparación previa ante las manifestaciones.
Como ejemplo, mencionó recientes protestas estudiantiles en las cercanías del Congreso Nacional, donde según describió ya se anticipaba un operativo orientado a dispersar a los jóvenes.
“No era para controlar alguna acción fuera de la reclamación, iban con la misión de desarticularlos”, afirmó, señalando la presencia anticipada de ambulancias y equipo antimotines.
Oliva fue enfática al asegurar que este tipo de acciones no son improvisadas. “Lo que se dio fue un acto preparado, no es que se les salió de control o que los estudiantes provocaron. Iban con esa misión para meterle miedo a la población”, indicó, agregando que estas prácticas generan temor no solo en la juventud, sino también en las familias y en la sociedad en general, lo que limita la participación en futuras manifestaciones.
Asimismo, reiteró que las organizaciones de derechos humanos no buscan protagonismo mediático, sino documentar y acompañar los procesos sociales. “No necesariamente tenemos que estar todos los días en los medios colocándonos como víctimas o mártires”, puntualizó.
Como antecedente, recordó la manifestación del pasado 25 de enero, en el marco del Día de la Mujer, donde según denunció mujeres que participaban en una jornada de conmemoración y exigencia de derechos fueron reprimidas. “Era una protesta de fiesta, de colores cívicos y de derechos humanos, y aun así estaban listos para reprimir y desarticular esa manifestación”, concluyó.
En ese contexto, Oliva cuestionó la falta de interés en fortalecer el sistema educativo en el país. “No creo que tengan ningún interés en fortalecer la educación, porque históricamente ese ha sido uno de los grandes problemas de nuestros países. No se busca privilegiarla, ya que el conocimiento genera conciencia, conciencia política y de clase, y eso es precisamente lo que están evitando”, afirmó.
Añadió que, a su criterio, este objetivo se persigue “a toda costa, a través del miedo, de recortes presupuestarios y de cualquier mecanismo disponible”, con el fin de evitar que surjan jóvenes críticos que cuestionen, con argumentos y conocimiento, las decisiones del poder.
La coordinadora del COFADEH también planteó la necesidad de identificar responsabilidades por los hechos recientes de represión. “Tenemos que ver quién dio la orden. Hay que determinar quién estaba interesado en opacar la acción de violencia y de violación a los derechos humanos ocurrida en el Congreso Nacional”, señaló. A su juicio, mientras unos ejecutan las órdenes, otros intentan justificar lo ocurrido responsabilizando a los estudiantes, lo que advirtió contribuye a legitimar la vulneración de derechos.
En esa línea, hizo un llamado directo a las autoridades universitarias y de seguridad. “Me gustaría escuchar al rector de la universidad y al ministro de Seguridad, que soliciten la revisión del comunicado emitido, porque genera más dudas que certezas y pone en cuestionamiento a la víctima”, expresó.
Consideró insuficiente que únicamente se confirme la condición de estudiante de la persona afectada, insistiendo en que debe asumirse una postura institucional clara en defensa de los derechos humanos.
Oliva sostuvo que las instituciones deberían aclarar públicamente cualquier “mala intención” en la elaboración de comunicados oficiales y garantizar que se respete la dignidad del estudiantado. “Se debería ofrecer una conferencia de prensa para aclarar lo ocurrido y reconocer la intencionalidad detrás de ese mensaje oficial”, agregó.
Finalmente, rechazó las narrativas que señalan manipulación en las protestas juveniles. “Los jóvenes no se dejan manipular. He trabajado con ellos en todo el país: hacen propuestas, demandan y exigen. No se trata de supuestos, sino de derechos que consideran vulnerados y que aún no han sido esclarecidos”, concluyó.
