En España un fallo judicial se convirtió en la señal que provocó el jueves una avalancha humana de 50 mil personas sobre la pequeña ciudad de Ceuta. En Honduras, pasado mañana, la decisión de un magistrado ante Juan Orlando Hernández en Tegucigalpa podría marcar la línea de la impunidad total a la criminalidad organizada regional.
El Tribunal Supremo de España determinó el 29 de junio que las «devoluciones inmediatas» de personas migrantes no son aplicables si ingresan nadando hasta las playas de Ceuta. El tribunal estipula que el mar o el agua circundante de la ciudad no constituye un obstáculo físico o elemento de contención artificial. Una vez publicado ese fallo, ya ustedes saben lo que pasó.
De momento, vamos a brincar las acusaciones sobre la monarquía autoritaria de Marruecos y su obediencia a Israel y a Estados Unidos, por sus intereses compartidos en el Sahara y en el estrecho de Gibraltar; saltamos sobre ellos como posibles responsables de atizar esta caravana marroquí.
Pasamos también al lado del propósito político de dañar la imagen del gobierno de Pedro Sánchez por la regularización de migrantes – incluidos miles de hondureños— y por su posición contraria a la guerra en el golfo Pérsico y su condena directa al genocidio en Gaza.
Aunque todo eso tenga sentido absoluto, debemos ocuparnos ahora de lo que pasa con el racismo sistémico y la justicia en Honduras. Esta semana el indígena defensor de derechos humanos Ermin López ha seguido sometido a un proceso de criminalización bajo la figura de usurpación agravada en el departamento de La Paz.
Ermin es el presidente del Movimiento Independiente Indígena Lenca de La Paz (MILPA) y un líder formado como defensor de derechos humanos y bienes comunes en ese departamento occidental del país donde con frecuencia intereses privados supremacistas irrespetan la propiedad ancestral de los indígenas.
El Ministerio Público acusa a 17 indígenas lencas de la comunidad de Tierra Colorada en Chinacla, La Paz, y a Ermin López también, de haber ocupado en septiembre del año pasado un predio de 47 hectáreas en ese sector. En este caso, el presidente de MILPAH ha acreditado que no estaba presente en la zona; él participaba en una marcha en Tegucigalpa exigiendo justicia por el asesinato de Juan López.
La sección jurídica del Comité de Familiares de Detenidos-Desaparecidos en Honduras que representa a los acusados en este caso, considera que la representación de la fiscalía actúa con espíritu despectivo y propósitos hostiles en la acusación contra estos indígenas. Una estrategia de persecución institucional contra el liderazgo lenca de La Paz. Por tanto, ha solicitado esta semana en Marcala que el caso sea sobreseído de forma definitiva.
En general, esta ha sido una semana sufriente para las personas empobrecidas en distintos puntos del país. En Cofradía, Cortés, siete familias, incluyendo madres solteras con hijos pequeños, fueron desalojadas de sus predios donde vivían después de varios años.
Existe un video circulado masivamente en redes donde una de estas mujeres llora tratando de impedir su desalojo ante la frialdad de una jueza y la insensibilidad de la Policía Nacional. Y eso quiebra el alma.
Se terminó la pequeña pausa del Estado respetuoso de la dignidad humana, del uso proporcional de la fuerza, del poder judicial independiente de los poderes privados y de las dinámicas del crimen organizado. Estamos bajo amenaza.
Ante esta realidad, la reacción campesina, indígena y garífuna continuó sumándose esta semana, llegó hasta Tegucigalpa a los contornos del Congreso reclamando la derogación de la Ley Agroindustrial que perturba las relaciones sociales y económicas en los territorios.
Esa Ley es sin duda el pretexto para implementar los audios del Hondurasgate que sugieren explícitamente el uso de la represión, el control social y la fuerza extrema para mantener y recuperar el control político de Honduras. Los manifestantes lo saben.
Como sabemos, en una de esas grabaciones controvertidas atribuidas al capo retornado, se escucha la sentencia: «Si tenemos que matar gente para estar en paz, lo haremos. Si tenemos que volver a la represión para controlar el país, lo haremos”.
En la estrategia de la agencia gringa de Inteligencia y del Mossad se trata de la Doctrina de Control, o sea, establecer mecanismos de opresión violenta contra la oposición política y los movimientos sociales, para imponer al sujeto. Al sujeto violento. Al operador de la prosperidad de Brimen.
Este lunes 3 de agosto seremos testigos de un acto inédito. El político que tenía todos los poderes bajo su control en 2012, incluyendo la Corte Suprema de Justicia donde cercenó la cabeza de 4 magistrados para favorecer a los millonarios de Próspera, llega “voluntariamente” 14 años después a escuchar la imputación por fraude y lavado de activos por 2.5 millones de dólares. Y otros crímenes.
Llega después de varios hechos alineados con su estrategia internacional de simulación de inocencia y de intimidación institucional, entre ellos haber asegurado a su jefe militar en El Obelisco, haber bajado de la presidencia a la magistrada Raquel Obando, haber movido de posiciones a jueces y magistrados, y haber asegurado su presentación ante un juez especial y no ante un juez nacional de Criminalidad Organizada y de Corrupción.
Juan Hernández llega embutido en su camisa de fuero especial de ex jefe de Estado, para evitar el juzgamiento como supuesto delincuente común de criminalidad organizada. Y llega en momentos en que el solitario Asfura Zablah pide el control de la información en redes y medios, para blanquear la paloma gris del palomar.
Pero este disfraz de la inocencia, hay que decirlo, cuenta también a su favor con unas tremendas contradicciones del pueblo hondureño reflejadas en el último sondeo de opinión pública realizado por el equipo de reflexión, investigación y comunicación de los jesuitas en Honduras.
Por ejemplo, las personas consultadas afirmaron que la injerencia de Donald Trump y la ejecución del fraude decidieron los resultados del 30 de noviembre del año pasado, pero en la misma sección de preguntas respondieron que es la población la que decide en Honduras.
Sobre el retorno del ex preso de Nueva York, la muestra consultada a nivel nacional responde en general estar de acuerdo con este hecho, pero en desacuerdo en que participe en la vida política electoral. Esta aparente inocencia colectiva contrasta con la destrucción previa del CNE y el Tribunal que facilita ese propósito, el alineamiento de la Corte Suprema y el nombramiento de sus ministros para el control ejecutivo. Del Congreso, los medios y las iglesias, ni hablar.
Así las cosas, un pueblo que afirma en más del 60 por ciento de sus respuestas que el ganador de los votos populares fue Salvador Nasralla, pero llama presidente a Nasry Asfura y borra del mapa al partido Libre, es un pueblo que necesita continuar la formación política. Y ese es un desafío que está no solamente en la cancha urbana que mira HCH, sino principalmente en la cancha comunitaria que mira Facebook.
Buenas noches
