Tegucigalpa. En el marco del Día Internacional de las Mujeres Rurales y del Día Internacional de Acción por la Soberanía Alimentaria, mujeres campesinas, indígenas y garífunas denunciaron la violencia en el campo hondureño, los desalojos forzosos, la criminalización de las luchas territoriales y la creciente inseguridad alimentaria.
La denuncia fue presentada por la Articulación de Mujeres para el Buen Vivir (AMBV), Vía Campesina junto a sus organizaciones integrantes CODIMCA (Consejo para el Desarrollo Integral de la Mujer Campesina), UCIH (Unión Campesina e Indígena de Honduras), CILAH (Consejo Indígena Lenca Ambiental de Honduras) y Redes de Mujeres, que cuestionaron la aprobación de los decretos 107-2026, 84-2026 y 208-2026, al considerar que sus disposiciones criminalizan la defensa de la tierra y restringen el ejercicio de derechos civiles y la protesta social.
De acuerdo con datos del Observatorio de la Conflictividad Socioterritorial de Honduras, citados en el comunicado, existen más de 77 conflictos activos en el país y, hasta octubre de 2026, se habían registrado diez desalojos que afectaron a 867 familias, con pérdida de viviendas, cultivos y tierras.
A esta problemática se suma la inseguridad alimentaria. Según el Observatorio Universitario en Seguridad Alimentaria y Nutricional de la UNAH, al menos 1.88 millones de hondureños se encuentran en fase de crisis o emergencia alimentaria durante 2026.
Las organizaciones también denunciaron la violencia machista y los femicidios. El pronunciamiento reporta 278 muertes violentas de mujeres y 70,418 reportes de violencia doméstica entre enero y septiembre de este año, según datos del Sistema Nacional de Emergencias 911 recopilados por el Centro de Derechos de Mujeres (CDM).
Ante este panorama, exigieron la derogación de disposiciones legales que consideran lesivas para los derechos de las comunidades, el cese de los desalojos forzosos, una reforma agraria integral, el cumplimiento de las cuatro sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a favor de comunidades garífunas y una política nacional de soberanía y seguridad alimentaria.
Asimismo, demandaron justicia para las personas defensoras asesinadas y una alerta roja ante la violencia contra las mujeres.
«Las mujeres rurales, vivas nos queremos» y «Basta de femicidios», expresaron en su pronunciamiento, reiterando su exigencia de justicia y respeto a los derechos de quienes defienden la tierra y el territorio.
