Tegucigalpa.- La Comisión Técnica Liquidadora, encabezada por el abogado Leonel Núñez, anunció el cierre del Instituto Nacional de la Memoria Histórica de Honduras, organismo estatal creado en 2024 para investigar, documentar y preservar la memoria sobre hechos de la historia nacional relacionados con las luchas sociales, políticas y las graves violaciones a los derechos humanos.
El anuncio fue realizado por el propio Núñez, quien presentó como un logro de su gestión la supresión de la institución y mostró cinco cajas con documentación como parte de los bienes que, según afirmó, quedaron tras el proceso de liquidación.
“Como miembro de la Comisión Técnica Liquidadora, sigo cumpliendo el mandato de nuestro Presidente Nasry Tito Asfura: suprimido el Instituto de la Memoria Histórica”, escribió Núñez en sus redes sociales, al señalar que los recursos económicos destinados a la institución serán orientados a áreas como salud, educación, infraestructura y seguridad.
El Instituto Nacional de la Memoria Histórica fue creado mediante el Decreto Ejecutivo PCM-17-24, con el propósito de contribuir a la investigación y difusión de acontecimientos vinculados con las rupturas del orden democrático, las luchas sociales y las violaciones graves a los derechos humanos ocurridas a lo largo de la historia hondureña.
Entre sus principales objetivos figuraban documentar hechos relacionados con violaciones a los derechos humanos, fortalecer la memoria colectiva y contribuir a procesos de justicia social y de construcción democrática.
La exministra de Derechos Humanos, Natalie Roque, cuestionó las acciones del actual gobierno orientadas a desmontar programas e instituciones creados para atender las demandas de las víctimas de graves violaciones de derechos humanos.
Señaló que entre las primeras acciones de la actual administración estuvo la derogación del Programa Nacional de Memoria, Verdad, Justicia y Reparación y de otras iniciativas impulsadas en favor de las víctimas.
Para la ex funcionaria e historiadora, esta situación representa un retroceso en materia de derechos humanos y puede abrir nuevamente espacios para el negacionismo y la reescritura de la historia, así como para la estigmatización y criminalización de familiares de víctimas y defensores de derechos humanos.
Roque recordó que durante décadas el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) ha acompañado a las víctimas y sus familias en la búsqueda de verdad y justicia, y destacó que existen obligaciones internacionales que el Estado hondureño debe cumplir.
“Las políticas de memoria no son un compromiso político de un gobierno; son una responsabilidad del Estado”, sostuvo, al señalar que Honduras debe dar seguimiento al cumplimiento de las obligaciones derivadas de las sentencias y de la jurisprudencia internacional en materia de derechos humanos.
Asimismo, alertó sobre el resurgimiento de discursos que buscan cuestionar la verdad histórica sobre las desapariciones forzadas ocurridas durante la década de los años ochenta y advirtió que familiares y organizaciones podrían enfrentar nuevas campañas de desprestigio y estigmatización.
Recordó, además, el papel que Honduras desempeñó durante la década de los ochenta como plataforma de intervención en Centroamérica y advirtió sobre la importancia de mantener una mirada crítica ante el actual contexto político y militar.
La Comisión Técnica Liquidadora también anunció el cierre del Instituto Hondureño de Cinematografía (IHCINE), decisión que igualmente fue presentada por Núñez como uno de los resultados de su gestión.
Con la eliminación de ambas instituciones, se reducen los espacios estatales destinados a la preservación de la memoria histórica y al impulso de políticas culturales vinculadas con la producción audiovisual y la recuperación de la historia nacional.
