Vallecito, Gualaco, Olancho.– Habitantes de la comunidad de Vallecito y de otras comunidades aledañas realizaron un cabildo abierto para exponer ante las autoridades municipales su preocupación por la falta de reconocimiento oficial como pueblo indígena nahua y por la recuperación y legalización de sus tierras ancestrales.
La actividad, organizada por las comunidades, se llevó a cabo el pasado 31 de julio en Vallecito y contó con la participación de la corporación municipal de Gualaco, representantes de patronatos, juntas de agua, autoridades policiales, vecinos y representantes de las comunidades afectadas.
El cabildo abierto constituyó un espacio de diálogo, participación y construcción colectiva para informar a la población y fortalecer la defensa de los derechos de las comunidades de este sector del departamento de Olancho.
Durante la jornada, los pobladores plantearon como principales demandas el reconocimiento oficial del pueblo indígena nahua, la recuperación y legalización de sus territorios ancestrales y la garantía de sus derechos colectivos.
Entre las comunidades involucradas se encuentran Vallecito, Las Piedras, Los Lirios, Pacura, Toro Muerto y El Naranjal, cuyos habitantes aseguran vivir desde hace más de dos décadas bajo la amenaza de perder sus territorios por la falta de títulos de propiedad emitidos por el Instituto de la Propiedad, situación que los mantiene en riesgo de posibles desalojos.
Los pobladores recordaron que la comunidad tiene más de 500 años de existencia y que hace más de dos décadas fue registrada como pueblo nahua, por lo que solicitaron a las autoridades avanzar en el reconocimiento oficial de su identidad y de sus derechos sobre el territorio que históricamente han habitado.
Como parte de esta lucha por la defensa del territorio, Daruin Raúl Munguía, Pedro Porfirio Meza, Bayron Reginaldo Sarmiento y Blas Humberto Sandres enfrentaron un proceso judicial luego de ser acusados por el empresario maderero Carlos Zelaya Nájera de los supuestos delitos de coacción y amenazas. Posteriormente, el Tribunal de Justicia de Catacamas les otorgó sobreseimiento provisional y su carta de libertad.
El alcalde de Gualaco, Edwin Cabrera, explicó que el cabildo abierto respondió a una solicitud presentada por las comunidades y contó con el respaldo de toda la corporación municipal.
Señaló que el propósito de estos espacios es escuchar directamente a la población, conocer sus necesidades y fortalecer el acercamiento entre las autoridades y las comunidades para construir soluciones conjuntas.
Asimismo, afirmó que la municipalidad mantiene una política de transparencia y apertura hacia la ciudadanía y anunció que este tipo de cabildos continuará realizándose en otras comunidades del municipio.
Durante el encuentro, la presidenta del patronato de Los Lirios agradeció la presencia de la corporación municipal y destacó que, por primera vez, las comunidades nahuas fueron escuchadas por las autoridades locales. También resaltó la participación de ocho comunidades indígenas unidas en la defensa de sus derechos y reafirmó su identidad como pueblo nahua.
La dirigente señaló que la recuperación y protección de las tierras ancestrales constituye la principal preocupación de las comunidades e hizo un llamado a preservar los recursos naturales, especialmente los ríos y los bosques, como parte del legado recibido de sus antepasados.
Por su parte, Humberto Sánchez agradeció al alcalde por trasladarse hasta la comunidad para escuchar sus planteamientos y solicitó apoyo económico que permita fortalecer las gestiones del movimiento indígena, debido a las limitaciones económicas que enfrentan para movilizarse.
También pidió la instalación de un rótulo que identifique a Vallecito como pueblo nahua de Honduras, con el propósito de visibilizar su identidad y fortalecer la defensa de sus derechos.
El alcalde manifestó el compromiso de la corporación municipal de dar seguimiento a las demandas relacionadas con el reconocimiento de los pueblos indígenas y la defensa de sus tierras.
Además, expresó que históricamente los pueblos originarios han sufrido la vulneración de sus territorios, cuestionó la criminalización de quienes defienden la tierra y el ambiente y recordó los casos de defensores asesinados en el país.
Asimismo, el ciudadano Pastor Molina denunció que fue presionado por autoridades judiciales para firmar un documento mediante el cual se reconocía a una empresa como propietaria de las tierras de la comunidad, decisión que aseguró haber rechazado.
Molina sostuvo que las comunidades poseen derechos históricos sobre el territorio y recordó que anteriormente lograron impedir la explotación maderera mediante la organización comunitaria.
También cuestionó el actuar de algunas autoridades y de la Policía, a quienes acusó de intimidar a la población en lugar de protegerla.
Añadió que las comunidades han debido realizar obras con sus propios recursos y que incluso han enfrentado hechos de violencia, entre ellos el asesinato de un poblador indígena que continúa en la impunidad.
Pedro Porfirio Meza agradeció el acompañamiento de las personas y organizaciones que respaldan la defensa de las comunidades nahuas y relató que varios pobladores han enfrentado acusaciones judiciales, persecución y amenazas de captura, circunstancias que incluso obligaron a algunos a abandonar temporalmente sus hogares.
A pesar de ello, afirmó que continuarán defendiendo las tierras que consideran ancestrales e hizo un llamado a mantener la unidad comunitaria para fortalecer esta lucha.
Al cierre del cabildo abierto, el alcalde Edwin Cabrera aseguró que las comunidades nahuas no están solas y anunció la conformación de una comisión para dar seguimiento a las demandas planteadas.
Asimismo, expresó su respaldo a la instalación del rótulo identificativo y a la emisión de una declaratoria municipal de reconocimiento del pueblo indígena nahua.
Finalmente, propuso que dicho reconocimiento quedara consignado en el acta oficial del cabildo como un precedente histórico que fortalezca la defensa del territorio y de los derechos colectivos de las comunidades indígenas, en concordancia con los instrumentos nacionales e internacionales de protección de los pueblos originarios.
