Tegucigalpa.– Organizaciones defensoras de derechos humanos que integran el Proyecto de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (ProdeHonduras), en su Fase 2, denunciaron un preocupante contexto de retrocesos y amenazas contra comunidades y personas defensoras, en medio de reformas legales y decisiones estatales que podrían agravar la vulnerabilidad en el país.
En el marco de un proceso de evaluación interna del proyecto, organizaciones de base y población beneficiaria han alertado sobre el riesgo de criminalización de quienes defienden sus territorios ancestrales.
Leticia Flores, Directora de la oficina de HEKS/EPER en Honduras, señaló defensorasenlinea.com, señaló que el reciente anuncio sobre el endurecimiento del Código Penal que incluyen la figura de “usurpación”, podría ser utilizada para perseguir a comunidades que históricamente han habitado sus tierras, mientras intereses empresariales se han instalado en esos territorios en las últimas décadas.
“Existe una seria preocupación de que se utilicen estas reformas para judicializar y perseguir a defensoras y defensores de derechos humanos y del territorio”, indicó.
Asimismo, Flores denunció otras medidas que debilitan la garantía de derechos, como la reducción de fondos destinados a programas municipales para la atención de las mujeres, lo que impacta directamente en la protección y promoción de sus derechos.
Sostuvo que este contexto representa un escenario adverso para la defensa de los derechos humanos, especialmente para comunidades rurales, pueblos originarios y sectores históricamente excluidos, quienes dependen de estos mecanismos para garantizar su seguridad y bienestar.
Ante esta situación, el consorcio hizo un llamado al Estado hondureño a respetar los estándares internacionales en materia de derechos humanos, garantizar la protección de las personas defensoras y abstenerse de implementar medidas que favorezcan su criminalización.
Finalmente, reiteró su compromiso de continuar acompañando a las comunidades y visibilizando las violaciones de derechos humanos, tanto a nivel nacional como internacional, en busca de verdad, justicia y garantías de no repetición.
ProdeHonduras cuenta con el financiamiento de HEKS/EPER, y es implementado por un consorcio integrado por el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), el Comité por la Libre Expresión (C-Libre), Peace Watch Switzerland (PWS) y la Plataforma Internacional Contra la Impunidad (PICI).
El proyecto ha beneficiado a unos 29 municipios de los departamentos Choluteca, Valle, Francisco Morazán, El Paraíso, Atlántida, Cortés, Olancho, Colón y Yoro.
