Tegucigalpa.- Durante la emisión del programa Voces Contra el Olvido (VCO), transmitida el sábado 18 de julio de 2026 de 7:00 a 8:00 de la noche por Radio Globo, el catedrático universitario y líder social Sergio Rivera y la coordinadora general del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), Berta Oliva, analizaron el contexto político y de derechos humanos que enfrenta el país, con énfasis en la situación del pueblo garífuna, la creciente militarización, la criminalización de la protesta social entre otros temas.
Ambos coincidieron en advertir que Honduras atraviesa un escenario de profundas amenazas para las libertades ciudadanas, los derechos de los pueblos originarios y la institucionalidad democrática.
Sergio Rivera inició su intervención expresando solidaridad con la lucha territorial que mantienen las comunidades garífunas, recordando que históricamente han sido víctimas de despojo de sus tierras.
Como ejemplo, señaló el caso de Tornabé, donde actualmente funciona un complejo hotelero construido sobre territorio que, afirmó, pertenecía al pueblo garífuna.
«Ese lugar es de los garífunas, no era, es; y fueron despojados por la fuerza», expresó Rivera.
El académico sostuvo que las comunidades garífunas enfrentan actualmente una doble persecución: el despojo territorial y la criminalización derivada de la legislación agraria.
Según explicó, la Ley para la Modernización y Desarrollo del Sector Agrícola contiene disposiciones que, a su juicio, criminalizan a quienes defienden sus tierras, vulnerando derechos reconocidos en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y otras normas nacionales e internacionales que protegen a los pueblos indígenas y afrodescendientes.
Rivera aseguró que la situación se agravó tras la presencia de un grupo de hombres armados en la comunidad de Tornabé.
Durante la entrevista señaló que este grupo estaría encabezado por Erik Prince, empresario estadounidense conocido por fundar la empresa militar privada Blackwater.
El catedrático afirmó que la presencia de estas personas forma parte de un proceso de conformación de estructuras paramilitares en Honduras.
«Lo que se ha denunciado en las comunidades garífunas es que andan haciendo estos paramilitares en territorios de los pueblos originarios», manifestó.
Asimismo, denunció que desde el espacio Voces Contra el Olvido se alerta sobre lo que calificó como una reactivación de la Doctrina de Seguridad Nacional mediante la creación de escuadrones paramilitares asesorados por actores extranjeros.
Rivera también relacionó este escenario con la reciente adquisición de drones de combate anunciada por el gobierno, advirtiendo sobre el riesgo de una mayor militarización y de nuevas violaciones a los derechos humanos.
Otro de los temas abordados fue el eventual retorno del expresidente Juan Orlando Hernández.
Rivera contrastó este escenario con lo ocurrido el 5 de julio de 2009, cuando, recordó, el entonces presidente constitucional Manuel Zelaya intentó regresar al país tras el golpe de Estado y fue impedido de aterrizar.
El líder social recordó que en aquella ocasión incluso se amenazó con impedir el aterrizaje del avión en el que viajaban mandatarios, cancilleres y representantes de medios internacionales.
En contraste, cuestionó que ahora se organice un recibimiento para un condenado por narcotráfico en Estados Unidos.
«Lo hayan perdonado no quiere decir que no sea culpable», afirmó Rivera, al referirse al proceso judicial seguido contra Hernández.
A juicio del líder social, el retorno de este personaje estaría acompañado por un conjunto de medidas que incluyen la criminalización de la protesta social, reformas políticas y el fortalecimiento de una agenda impulsada desde Estados Unidos.
Durante la entrevista, Rivera manifestó preocupación por el anuncio del reclutamiento militar obligatorio y por las acciones que, según dijo, buscan restringir la participación política de distintos sectores.
Advirtió que la eliminación de espacios de representación política y la continuidad de prácticas fraudulentas en los procesos electorales conducirían a la consolidación de un régimen autoritario.
Asimismo, cuestionó que mientras se promueven discursos sobre la defensa de la soberanía nacional, continúe la existencia de las Zonas Especiales de Desarrollo (ZEDE), las cuales calificó como una forma de cesión del territorio hondureño.
Por su parte, la coordinadora general del COFADEH, Berta Oliva, calificó como «crudo y duro» el panorama que enfrenta el pueblo garífuna.
«Nadie puede pasar indiferente ante la situación que están viviendo los hermanos garífunas», expresó.
Oliva afirmó que el ataque contra estas comunidades representa una herida para todo el pueblo hondureño y destacó la capacidad de organización y resistencia demostrada por las comunidades afectadas.
A su juicio, la rápida movilización del pueblo garífuna recuerda otras expresiones de organización popular, como la protesta registrada recientemente en El Progreso, Yoro, donde la población logró revertir un incremento de impuestos.
La defensora de derechos humanos también se refirió a la presencia de hombres armados en territorio garífuna.
Según indicó, existen elementos que hacen presumir que no se trata de ciudadanos hondureños.
«¿Y qué son entonces? Son mercenarios, son meramente mercenarios», afirmó.
Oliva cuestionó que, pese a la gravedad de los hechos denunciados, no existan investigaciones o acciones judiciales contra estas personas.
En cambio, lamentó que varios integrantes de las comunidades garífunas enfrenten procesos penales.
«Mira cómo de inmediato, en toda esta gesta que han hecho los compañeros garífunas, cuantos son los criminalizados; hay entre cinco o seis criminalizados», señaló.
Para la coordinadora del COFADEH, esta situación evidencia una aplicación desigual de la justicia.
«Ves entonces el tema de la justicia, ves cómo es una extraña justicia o una justicia al revés», expresó.
Durante la conversación, Berta Oliva también recordó los acontecimientos ocurridos el 5 de julio de 2009, cuando miles de personas acudieron al aeropuerto Toncontín para esperar el regreso del entonces presidente Manuel Zelaya.
Recordó además que la movilización fue espontánea y que la respuesta estatal dejó personas heridas y el asesinato del joven Isy Obed Murillo.
«El pueblo espontáneamente esperaba a su presidente depuesto con el único propósito de restablecer el orden constitucional y legal», recordó.
Oliva sostuvo que la masiva participación ciudadana durante la resistencia al golpe de Estado fue producto de una movilización genuina del pueblo hondureño y contrastó ese episodio con los actuales intentos de promover concentraciones mediante recursos económicos.
«Mel es genuino… la gente iba; él no planificaba ni pagaba, el pueblo llegaba», afirmó.
Finalmente, la coordinadora del COFADEH expresó preocupación por la posibilidad de que se fortalezca nuevamente el servicio militar.
Recordó que durante las décadas de los ochenta y noventa miles de jóvenes, especialmente de sectores empobrecidos, fueron incorporados de manera forzada al servicio militar, limitando sus oportunidades educativas y de desarrollo.
«Debemos ocuparnos, no solo preocuparnos», advirtió Oliva.
La defensora consideró que el reclutamiento militar históricamente ha afectado de manera desproporcionada a la juventud de escasos recursos, reproduciendo profundas desigualdades sociales.
Durante la emisión de Voces Contra el Olvido, ambos invitados coincidieron en que Honduras enfrenta un momento de alta conflictividad política y social, marcado, según sus análisis, por la criminalización de la protesta, la militarización de los territorios, la vulneración de los derechos de los pueblos originarios y el debilitamiento de las garantías democráticas.
