Ni el silencio ni la fórmula neutra son opciones cuando la historia y sus tragedias pretenden repetirse ante los ojos de una nación entera.
Por eso ayer el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras, tomó con fuerza la palabra en la emblemática Plaza La Merced.
Asistió a la cita con un posicionamiento firme frente a la ofensiva sumamente peligrosa orquestada por los grupos fácticos de siempre.
Grupos criminales que, envenenados de falsos evangelios, eligen trabajar y vivir con narcotraficantes y no con organizaciones o partidos democráticos de izquierda.
Estamos ante un grupo de visión enferma, dispuesto a revertir los avances democráticos conquistados con sangre, borrando a lo estúpido todos los esfuerzos de dignidad, entregando la soberanía nacional a los pedófilos de Roatán y a la General Electric posiblemente.
A las puertas de un nuevo aniversario de la Patria, asistimos de manera descarada al advenimiento de una nueva dictadura corporativa y criminal en Honduras, un modelo de dominación que busca encadenar el futuro del pueblo. Si los dejamos libres.
Esta embestida autoritaria se manifiesta con total fuerza y descaro a través de la persecución judicial de la verdad, una estrategia operada por un periodismo sin hígados.
Desde este espacio de resistencia, denunciamos de forma enérgica el proceso penal entablado contra el exjefe de las Fuerzas Armadas, el general Roosevelt Hernández, una acción que constituye una abierta provocación impulsada por sectas mediáticas.
En realidad, se trata de antenas de desinformación, de tuberías de prejuicios rancios y de granjas de robots controladas y financiadas por el fascismo internacional.
Al general Hernández lo persiguen por haber descubierto, documentado y denunciado la conspiración de grupos fácticos que saboteaban la gestión de Xiomara Castro y la elección presidencial desde marzo de 2025. Y en eso la embajada igual estaba metida.
El delito del general, a los ojos de la élite podrida, fue el disparo metafórico a los «sicarios de la información», que no apunta a 4 vociferantes, sino a los tiburones no mencionados. Canahuatis, Ferraris, Kafatis, Laraches, Rosenthales y Facússes.
Esas 10 familias, que defienden un sistema nefasto de manipulación colectiva en nombre de la libertad de expresión y de su Cristo Rey, son un aparato sumiso a las líneas de agencias federales estadounidenses subordinadas al sionismo global.
Encima de ellos, Honduras es víctima de mercenarios internacionales, que se suceden recientemente en el tiempo, desde Klugmann, Carmona, Lanny Davis, JJ Rendón, hasta Cerimedo. Es una mafia de agentes que utilizan de forma coordinada gobiernos extranjeros, centrales telefónicas, satélites, influenciadores falsos, departamentos comerciales de medios tradicionales y hasta bocinas eclesiales con el único propósito de inyectar narrativas de odio, prejuicio y confusión a cambio del criptodinero.
Por eso afirmamos con claridad que la verdadera causa detrás de este juicio contra el militar que los llamó primero oligarquía corrupta y después mercenarios, sicarios, no es una supuesta difamación.
El fondo real contra Roosevelt es una venganza de bandas del crimen organizado con fachadas diplomáticas y empresariales, que buscan controlar totalmente la institución militar, para que obedezca ciegamente a ellos y no a la Patria.
Esta misma perversión estructural del sistema es la que explica la impunidad descarada y la justicia selectiva que los carteles preferidos de Tomás Zambrano han exhibido sin pudor durante esta semana.
En lo que constituye una afrenta directa a la dignidad y al honor de la nación, los tribunales locales dictaron el sobreseimiento en el caso Pandora al capo regional de la narcopolítica, pretendiendo «liberar» de forma local su reputación mediante la burda e indignante maniobra de recurrir a «testigos protegidos ausentes».
Este fallo vergonzoso representa el vivo ejemplo de una justicia hecha a la medida, de un control extraestatal absoluto sobre las judicaturas del país, donde unos jueces se postran sin el más mínimo decoro frente a los negociadores de la chequera criminal.
La paradoja es tan evidente como dolorosa: mientras esas togas absuelven de toda culpa a los grandes saqueadores que asaltaron y desvalijaron nuestra sociedad, atacan simultáneamente con indiferencia judicial al pueblo garífuna e indígena que exige justicia en su campamento de la capital. Es, en esencia, el toma y daca de la criminalidad organizada de una élite no hondureña que tomó por asalto nuestras instituciones.
Caminando de la mano con este sistema de justicia selectiva, vemos con profunda indignación cómo se ejecuta el descuartizamiento planificado de la empresa estatal de energía eléctrica, un proceso dirigido bajo el liderazgo de la embajada de los Estados Unidos que, en un acto de abierta hipocresía política, premia y protege a los financistas del golpismo electoral mientras castiga con la revocación de visas y otras opresiones coloniales a la oposición social y partidaria del país.
En esta ecuación injerencista encajan a la perfección los piratas corporativos que se han congregado este fin de semana en la Zona de Empleo y Desarrollo Económico, la Próspera, allá en Roatán. Al amparo de una impunidad garantizada por redes de corrupción, estos actores celebran de forma cínica lo que su publicidad oficial describe como una «ciudad libre en pleno funcionamiento», ocultando que no se trata de comunidades libres, sino de verdaderos enclaves de saqueo colonial liderados por compradores de inocencias y soberanías.
Sin embargo, el ataque más profundo y peligroso de esta restauración conservadora no se limita al saqueo material, sino que va dirigido directamente al corazón mismo de nuestra identidad y de nuestras luchas: el borrador de la memoria.
Con el alma encendida en profunda indignación, el COFADEH denunció ayer ante el pueblo hondureño y ante la comunidad internacional la desaparición del Instituto de la Memoria y el desmantelamiento de la Sala de la Memoria Histórica que funcionaba en las instalaciones de la antigua Casa Presidencial.
Ese espacio pedagógico, cultural y de estricta dignidad humana fue construido con el esfuerzo militante, amoroso y voluntario de nuestra organización, en conjunto con historiadores comprometidos y diseñadores estatales. Allí se resguardaban celosamente fotografías, obras de arte, objetos personales y valiosos archivos audiovisuales de nuestros seres queridos, las víctimas de la violencia estatal.
Al aplicar este zarpazo, las élites no hondureñas siguen al pie de la letra el manual neofascista que hoy ejecutan regímenes como el de Milei en la Argentina, o los experimentos autoritarios y represivos que vemos en Ecuador y el Perú. Aplican el «borrador de la memoria» para imponer el olvido colectivo por decreto, buscando con desesperación impedir que las nuevas generaciones conozcan el horror del Terrorismo de Estado y pretendiendo resucitar a los monstruos odiantes del pasado, aquellos que fueron los artífices materiales e intelectuales del entierro, el encierro y el destierro durante las oscuras décadas de los años sesenta, setenta y ochenta.
Si los dejamos, esta destrucción material y simbólica será, además, una burla flagrante a los compromisos internacionales de reparación y derechos humanos que el Estado de Honduras había adquirido y presentado formalmente ante organismos de la OEA y de la ONU.
En esos términos o en palabras similares lo dijo ayer el Cofadeh en el centro histórico de Tegucigalpa. Lo hemos resumido para reflexionar colectivamente. Para proceder como Paolo Freire: oír, juzgar y actuar. Buenas noches.
